El «cartel del cambio» no tiene códigos políticos ni éticos. La codicia los obnubila, el poder los enajena, el dinero es su pasión y la indolencia marca registrada.
No saben cómo reactivar la economía. Tampoco cómo incentivar la creación de empleos, ni contener el aumento de los precios. Están destruyendo lo avanzado. Endeudando a generaciones futuras y usando los «chelitos» de todos para enriquecer a sus amigos.
Prometieron transparencia y gobiernan con opacidad. Se dijeron incorruptibles y conviven con la corrupción. Se comprometieron con la justicia y abrazan la impunidad.
Declaran inocencia y se mimetizan con la complicidad.
Destruyeron el sistema de protección social, ignoraron el SIUBEN, proscribieron la ADESS y adulteraron los padrones de beneficiarios. Quebraron al SeNaSa, eliminaron la rendición de cuentas y están saqueando las arcas públicas.
El «cartel del cambio» no gobierna, compra votos. Organiza “Brisitas navideñas”, almuerzos y cenas en diciembre,” Cariñitos” el día de las madres, “Voto a mil por la educación” en época escolar, “pensiones especiales” y “Votoben” todo el año, “Voto Familiar”, “Avancemos”, “Aprende”, “Voto Frontera” y “Voto Mujer” en cualquier momento, incremento de afiliados al “SeNaSa”y beneficiarios de “Aliméntate”, “Voto Gas” y “Voto Luz” cuando hay que comprar elecciones.
Supérate es un nido de hipocresía, clientelismo político y corrupción. Ningún gobierno se atrevió a utilizar de manera tan irresponsable los fondos públicos para su beneficio. Nadie había actuado de forma facciosa para comprar voluntades a cambio de votos.
Según los datos de la defenestrada ADESS, entre enero y abril de 2023 el gasto en subsidios sociales ascendió a RD$13,522.1, equivalente a US$243.7 millones, y 1,536,457de personas poseían una tarjeta -sin nombre y sin número de cédula-. Un gasto por beneficiario de US$158.0.
El mismo periodo del 2022 el gasto por beneficiario se incrementó en US$9.3, equivalente al 6.3%.
Cuando se compara con el mismo periodo del 2019, el gasto por beneficiario aumentó en US$56.3,
equivalente a un 53.3%. Finalizada la pandemia del COVID-19, el gasto por beneficiario se ha mantenido 55.3% por encima de los niveles previos. La compra de votos le sale muy caro al pueblo.
Se jactan de reducir la pobreza y los recursos destinados al gasto social aumentan cada año. Para el «cartel del cambio» el éxito de los programas sociales no se mide por la cantidad de personas que abandonan la pobreza. Se evalúa por los votos conseguidos en 2024, y por las cuentas alegres que hacen para 2028.
El crecimiento injustificable del gasto social evidencia su apetito desmedido por alentar otra reelección y acrecentar las ganancias de los amigos. Para un gobierno de empresarios la política social es un gran negocio. Cada problema social lo convierte en negocio, y cada institución que funciona la destruyen.
Desde palacio dijeron … el 14 de diciembre de 2020 se entregó la acreditación de afiliación al Régimen Subsidiado de la ARS Estatal al ciudadano 2 millones, “cumpliendo la meta hecha por el primer mandatario en su discurso de toma de posesión, de incluir dos millones de dominicanos al Seguro Familiar de Salud”.
Afirmaron: “Ahora más del 60% de la población dominicana está afiliada a un seguro de calidad, lo que nos convierte en una Marca País y la ARS más grande que tiene y tendrá República Dominicana”.
Lo denunciamos. Estábamos en presencia de una operación política, en donde el número de afiliados no se correspondía con la población calificada para recibir subsidios de salud.
Afirmar que habían afiliado al 60% de la población significó aceptar un excedente de 4.5 millones de personas que no cumplían con los criterios de elegibilidad.
En 2024 las estadísticas reconocían 2,049,228 personas en pobreza (extrema más moderada). Al cierre de ese año el SeNaSa reportó 5,741,833 afiliados, 3.7 millones más afiliados que pobres. En año de elecciones se multiplicaron los afiliados y los votos, generando déficit fiscal con superávit electoral. Bono por Voto. Ahora sabemos que el «cartel del cambio» hurtó al menos 15 mil millones de pesos a los pobres.
En la FUERZA DEL PUEBLO estamos a favor de que todos los hombres y mujeres de la patria cuenten con el apoyo del SeNaSa cuando lo requieran y los beneficios de los programas sociales si su condición económica lo justifica. Nosotros creamos el sistema de protección social.
Esa fue la instrucción del presidente Fernández en 2004. En ese año, se inscribieron 65,017 afiliados al SeNaSa y al concluir su mandato, en 2012 se contabilizaron 2,297,983 afiliados. Un aumento del 3,434%.
Con lo que no estamos de acuerdo, y nunca lo estaremos, es que el «cartel del cambio» se lucre políticamente con las necesidades de la gente. El pueblo despertó, tendrán que rendirle cuentas. En 2028, ¡e’ pa’ fuera que van!
«Cártel del cambio»: estafa maestra
en 3 actos y 1 epílogo
En política, un cártel es un grupo
de funcionarios públicos, compañeros de partido y empresarios, que se coluden
deliberadamente para malversar fondos públicos y hacer negocios al amparo del
Gobierno. Los motivan la codicia y las ansias de poder. Desfalcan las arcas
públicas, traicionan al pueblo y engañan a los votantes que los eligieron.
Hemos visto esta semana cómo Senasa
ha sido destruida por el «Cártel del Cambio» y en esta misma columna hemos
denunciado que los programas de protección social correrán la misma suerte.
Veamos su calendario de actuación.
Primer acto: En agosto del 2020 el
PRM llegó al Gobierno sin planes ni proyectos. Tan pronto se sentaron en
Palacio, cayeron en cuenta de su inexperiencia y falta de oficio en el manejo
de los asuntos públicos.
Se percataron de su desconocimiento
de las realidades y de las necesidades de las personas, y de la carencia de un
equipo comprometido y capacitado para resolver los ingentes problemas del país.
Ante la incapacidad para generar
cambios relevantes, decidieron utilizar los fondos públicos para conservar el
poder y hacer negocios.
El 7 de diciembre del 2020, a 113
días de la toma posesión, comenzó la mudanza de la democracia por la
Bonocracia. Empezó la entrega del Bono Navideño para beneficiar a un millón de
familias, con RD$1,500.
Empezó la destrucción de la
institucionalidad social que funcionó entre 2004 y 2020. Se entregó la
responsabilidad de la administración de las tarjetas de débito al Banco de
Reservas, se quitó el nombre, el apellido y el número de cédula de los
beneficiarios, y se dejó de publicar los listados de estos.
Segundo Acto: Ante la ausencia de
un plan de reactivación para impulsar el crecimiento, la recuperación de los
empleos perdidos y contener el incesante aumento de precios, asumieron que la
política económica navegaría con «vientos de cola», y concentraron su narrativa
en lo social.
Ante sus tempranos apetitos
reeleccionistas, cayeron en cuenta de que la política social cumplía un doble
propósito. Los pobres se asumirían como botín político y los recursos fiscales
generarían negocios para los amigos.
Su inexperiencia en materia de
políticas públicas limitó los aportes del «Cártel del Cambio» a la modificación
del nombre de la estrategia de política social Solidaridad por Supérate, y el
del programa Comer es Primero por Aliméntate.
Degradaron la institucionalidad y
trasgredieron la normatividad del Siuben. Abultaron deliberadamente el número
de beneficiarios de Aliméntate (Comer es Primero), Bono Gas y Bono Luz.
Mientras que en 2019 el total de
beneficiarios de Comer es Primero se estimó en 825,275 hogares, en 2021, 2022 y
2023 Aliméntate se entregó a 1,327,309, 1,343,450 y 1,511,251 hogares, y en la
actualidad se asigna a 1.5 millones de familias.
No hay justificación para que el
Gobierno entregue transferencias a 1.5 millones de hogares. En el 2024 las
estadísticas oficiales contabilizaron 92,769 familias en situación de extrema
pobreza y 628,786 en condición de pobreza moderada. Entre ambas acumularon
721,559 hogares. Las transferencias monetarias duplican el número de familias
habilitadas para recibir el subsidio alimentario.
Como el aumento de beneficiarios de
Aliméntate les pareció insuficiente para afianzar sus ambiciones
reeleccionistas, apostaron a la carta ganadora: «La Brisita Navideña». Mientras
que en 2020 entregaron 300 mil tarjetas de débito, en 2021 el número escaló a
1,750,000, en 2022 a 2 millones, en 2023 a 2.5 millones y en 2024 se elevó a 3
millones. Incluso se especula que el pasado diciembre la emisión de tarjetas se
ubicó entre 5 y 6 millones.
Tercer Acto: Como la compra de
votos con Aliméntate, Bono Gas, Bono Luz y La Brisita Navideña les permitió
comprar la reelección de mayo de 2024, decidieron «blanquear el negocio» y
desparecer la ADESS.
Contrataron una empresa privada
para generar y distribuir las tarjetas de débito con un pequeño cargo de RD$600
y RD$100, por emisión y distribución, respectivamente.
En solo 5 años del mal llamado
gobierno del cambio, el total de tarjetas oficialmente emitidas entre 2020 y
2024 por «La Brisita Navideña» se ubica alrededor de 9,550,000, lo que
representa un tsunami navideño en torno a los RD$6,685 millones para los buenos
amigos.
Como dinero llama dinero, para el
negocio decidieron renovar las tarjetas de débito del programa Aliméntate. La
emisión de 1.5 millones de tarjetas generará ingresos por RD$1,050 millones. A
los amigos, buen abrigo.
Y ahora vuelve la “Brisita
Navideña”, y los afortunados emprendedores amigos del Gobierno recibirán un
tsunami navideño de solo RD$ 2,100 millones si se emiten 3 millones de
tarjetas, y podría aumentar RD$3,500 millones si generan 5 millones de tarjetas
para repartirlas de manera discrecional como lo hicieron en 2023 y 2024.
Epílogo: Con las necesidades del
pueblo no se juega ni se lucra. Ya jugaron con su salud, y hemos visto el
escándalo Senasa esta semana, y todo parece indicar que la protección social se
encamina por el mismo sendero. En 2028, se van.
12/12/25
El Gobierno está a la deriva
En el lenguaje marino «estar a la
deriva» significa que una nave se mueve en al agua sin control, impulsada solo
por las corrientes, el viento o las olas, sin rumbo fijo y sin dirección porque
ha perdido el timón y, por ende, su capacidad de navegar.
Si le tomamos prestada la frase a
los hombres del mar, «estar a la deriva» es la expresión que usamos en el
lenguaje coloquial para referirnos a alguien que ha perdido el rumbo, que
marcha dando tumbos, que no sabe cuál es su destino u objetivo.
Es obvio que una persona que sale a
la calle y no sabe hacia dónde se dirige tiene necesariamente que ser asistida,
pues de lo contrario podría sufrir un lamentable accidente, y si esa persona
que perdió la orientación es el jefe de una colectividad el peligro será
mayúsculo porque la podrá conducir a los mayores peligros, e incluso al
despeñadero.
Esta preocupación embarga hoy a
todo el pueblo de a pie cuando ve a un gobierno que da palos a ciegas, que
parece desbordado por los acontecimientos diarios, incapaz de afrontar las
naturales vicisitudes de lo cotidiano. Nada prevé y nada resuelve, en una
muestra dramática de incapacidad e ineficiencia.
Llegó Melisa con sus fuertes
lluvias y nos golpeó por una semana consecutiva y cuando todos pensábamos que
habíamos salido indemnes, nos llega la noticia de que un tramo completo de la
recién inaugurada autopista de Baní ha colapsado. ¿Cómo? Pero si el Gobierno
nos dijo por la prensa y por las redes sociales que se trataba de una carretera
de primera con sólidos cimientos. La respuesta no se hizo esperar: los
materiales usados en su construcción no fueron los adecuados.
Pero ¿cómo es posible que sin rubor
alguno se le diga al pueblo que los materiales usados en la construcción de la
obra no fueron los adecuados? Demostración palmaria de que no hubo supervisión
de las autoridades responsables, de que se malbarató el dinero del pueblo, y de
que el Gobierno actuó con imprevisión e incompetencia.
Siguieron los días de noviembre y
de pronto los medios de comunicación nos informan que, en Consuelo, en la
provincia de San Pedro de Macorís estalló un tanque que servía para suplir agua
a una comunidad y al implosionar causó graves daños a las humildes viviendas de
sus moradores, muchos de los cuales también perdieron sus ajuares.
La aclaración oficial fue inaudita.
El tanque reventó porque una de sus juntas perdió la soldadura y si hubo
pérdidas por la inundación los culpables fueron los moradores por levantar sus
casas en la vecindad del tanque.
¡Increíble! La respuesta de las
autoridades sugiere que en este gobierno no se les da mantenimiento a las obras
que se han construido en el pasado, que ellas están ahí sin que nadie tenga que
cuidarlas y repararlas, demostración incuestionable de la ignorancia y la
indolencia de los que hoy gobiernan.
Siguió noviembre y en esta misma
semana los medios nos informan que la línea 1 del Metro de Santo Domingo en su
zona norte tuvo que salir del servicio debido a un transformador que se
descompuso. Desde luego, la paralización de un transporte masivo como este
provocó que cientos de humildes ciudadanos tuvieran que sufrir molestias e
inconvenientes para llegar a sus hogares.
¿Y de nuevo? ¿Es que no se le da
mantenimiento a una obra tan emblemática como es el metro? En todas partes
donde corren los metros subterráneos se está atento a las reparaciones y
cambios de piezas, pero en este gobierno el metro ha sido abandonado a su
suerte y solo basta con visitarlo para darse cuenta de sus escaleras mecánicas
que no funcionan, de las frecuentes interrupciones del servicio y hasta de la
suciedad de algunas de sus estaciones.
Y para ponerle la tapa al pomo, al
otro día de lo del metro un apagón general sumió en la completa oscuridad a
todo el territorio nacional. Desde las primeras horas de la tarde hasta muy
entrada la noche del miércoles de esta semana hogares, comercios, industrias
quedaron paralizadas o tuvieron que usar sus generadores privados.
La explicación no avergonzó a las
autoridades. Sencillamente, dijeron, fue el error de un técnico. ¿De un técnico
o de un compañerito del partido? Un simple desperfecto, como explicaron,
ocurrido en una provincia del país provocó el apagón general por el error en
que incurrió un operario. Y de nuevo, la incompetencia y la ineficiencia.
Pero bien venga el mal si viene
solo. Con el apagón, el metro también dejó de funcionar, a pesar de que, como
explicó el expresidente Leonel Fernández, opera con tres subestaciones de
energía interconectadas al sistema eléctrico nacional que le permite funcionar
en caso de interrupción general con una capacidad de generación propia de 40
megavatios. ¿Por qué no funcionó? De nuevo, por incapacidad e ineficiencia.
14/11/25
Crónica de una estafa anunciada
Todos sabemos que en el 2020 el PRM
no ganó las elecciones. La oposición las perdió. Obtuvieron el triunfo no
porque fueran la mejor opción. El maná cayó del cielo.
No estaban preparados para ganar, mucho menos para gobernar. Llegaron al palacio sin programa, sin ideas y sin liderazgo. Nombraron en cargos públicos a personas sin trayectoria política, sin experiencia en los asuntos públicos, sin el conocimiento de las realidades y las necesidades del país, con apetito de poder.
Los malos resultados están a la
vista. Después de cinco años de bandazos el país no avanza. La inversión
pública es prácticamente inexistente, los casos de corrupción surgen a diario y
la justicia aún no llega. El doble discurso es marca registrada de este
gobierno.
Se denuncia escasez de agua en los
barrios y han vuelto los apagones. En solo cinco años se han perdido décadas de
progreso y desarrollo. Con el gobierno del cambio estamos desandando lo que
habíamos avanzado.
Se dijeron capacitados para generar
empleos de calidad, pero la realidad los delata. Las cifras del segundo
trimestre de 2025 de la Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo
(ENCFT), acreditan la presencia de 2,765,183 ocupados en actividades informales
sin beneficios sociales, contra 2,358,365 ocupados con contrato y prestaciones
legales.
Ante la ausencia de un plan para
reactivar el mercado de trabajo, la gente resuelve por su cuenta y predominan
las actividades informales.
Estamos en presencia de un gobierno
que miente y engaña al pueblo. Se jactaban de honorables, intachables y
honestos, y un día sí y otro también se descubren malos manejos y lucrativos
negocios al amparo del poder. La corrupción campea a su anchas, las autoridades
y los dirigentes políticos vociferan, pero no actúan. La justicia no se aplica
a los amigos.
En el pasado reciente nos enteramos
del infame desfalco por más de RD$ 20,000 millones perpetrado por funcionarios
del gobierno del cambio a las arcas del SeNaSa, con la complicidad de
empresarios inescrupulosos.
Los estamos vigilando y hemos
descubierto su apetito por el poder y sus verdaderas intenciones. Eluden la ley
afirmando que no hay fondos para cumplir con la normativa legal de indexar el
salario mínimo de los trabajadores, pero despilfarran los haberes públicos en
campañas de publicidad entregando millonarios contratos sin licitación pública.
El programa Supérate se dedica a la
compra de votos. En solo 5 años, transitamos de la democracia a la BONOCRACIA.
El clientelismo político se consolida como legado de este gobierno.
Hemos denunciado que la operación
BONO POR VOTO se puso en marcha para ganar las elecciones del 2024. Anticipamos
que el despilfarro continuará con el propósito de repetir la compra de votos en
el 2028.
En este gobierno no existe
preocupación por los pobres. La compra de votos en mayo de 2024 se explica por
la incapacidad del gobierno para hacer realidad las promesas de campaña,
demostrando que los partidos que no cumplen lo que ofrecen, son más propensos
al uso ilegal de los fondos públicos para comprar voluntades y ocultar sus
fracasos.
En 2024 el estado asignó RD$27,170
millones al programa Aliméntate, que representan 3.25 veces más de los RD$8,353
millones de lo pagado en 2019. El aumento se explica, fundamentalmente, por la
inclusión de 583,854 hogares, pasando de, 802,898 a 1,386,852, entre 2019 y
2024, vulnerando la normatividad técnica del SIUBEN.
En 2012, cuando nos retiramos del
gobierno, la tarjeta SOLIDARIDAD tenía el nombre y apellido del beneficiario y
su número de cédula. Su costo era de RD$12 y la única puerta de entrada a los
programas sociales era el SIUBEN.
Con el PRM las cosas han cambiado,
para mal. Hoy, el SIUBEN ya no selecciona, la ADESS no existe, no se publican
los listados de beneficiarios, la tarjeta Supérate no tiene nombre ni número de
cédula y su administración se privatizó.
Se creó la empresa MIO que cobra
RD$600 por la emisión de cada tarjeta y RD$100 para su entrega y distribución.
Para el PRM, la política social es un negocio El negocio es MIO, y tú voto
también es MIO.
Se reparten bonos navideños y se afirma que entregan almuerzos y cenas navideñas a 93 de cada 100 dominicanos, pero se jactan de que solo 2.3% de la población pasa hambre.
En la Fuerza del Pueblo no estamos
en contra de que se ayude a los que menos tienen. Nosotros fuimos los creadores
de una estrategia de política social de avanzada que reforzó el ingreso de las
familias, mejoró la progresividad de la política pública y favoreció la
distribución del ingreso. Ayudamos a todos los que lo necesitaban.
Con lo que no estamos de acuerdo y
nunca lo estaremos, es con el uso clientelar y electoral de los fondos
públicos, y con el impulso de los negocios privados utilizando a los pobres. En
cualquier parte del mundo eso se llama corrupción.
31/10/25
El consejo nacional de la
magistratura
En esta última quincena el Consejo
Nacional de la Magistratura ha estado en la picota pública como resultado de su
decisión de no respaldar la aspiración de tres de los jueces de la Suprema
Corte de Justicia que esperaban ser revalidados por siete años más en sus
cargos.
A esas voces críticas se ha unido
esta semana la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) que en un
comunicado público ha expresado: “El proceso que realiza el Consejo Nacional de
la Magistratura para evaluar y escoger los jueces de la Suprema Corte de
Justicia tiene un marcado componente político y que, exponer públicamente a
magistrados que llevan muchos años en el cargo atenta contra la independencia
de esta institución”.
En su pronunciamiento la FINJUS
afirma: “El Consejo Nacional de la Magistratura no tiene la capacidad técnica
necesaria para evaluar a los jueces de la Suprema Corte de Justicia, lamentando
además la forma en que fueron separados de la alta corte tres magistrados”.
Advierte la FINJUS en su
declaración: “Exponer a un juez de esa alta corte atenta contra la propia
independencia de la Suprema Corte de Justicia. Si el mismo órgano que evalúa es
el que finalmente nombra, ahí hay un problema de independencia”.
Lo que más llama la atención en
este pronunciamiento de una institución altamente capacitada y especializada en
materia judicial como la FINJUS es su queja respecto a la politización del
Consejo Nacional de la Magistratura.
Es obvio que este órgano del Estado
es eminentemente una instancia política, y para llegar a esta conclusión solo
habría que observar quiénes son sus componentes. En una primera etapa contaba
con siete integrantes de los cuales cinco eran políticos (el presidente de la
República, el presidente del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados,
un senador de un partido opositor al del Gobierno y un diputado de un partido
opositor al Gobierno), a los cuales se sumaban el presidente y un juez de la
Suprema Corte de Justicia.
Más adelante se incluyó entre sus
miembros al procurador general de la República, otro cargo político, con lo
cual pasaron a ser seis los miembros políticos del Consejo Nacional de la
Magistratura, y en el presente el procurador ha sido reemplazado por el
presidente del Tribunal Constitucional, con lo cual se redujo a cinco el número
de sus miembros provenientes de partidos políticos.
Ahora bien, esta composición
mayoritariamente política del Consejo Nacional de la Magistratura no debería
extrañar. Son muchos los países, por no decir su generalidad, en que la
selección y designación de los jueces descansa en el poder político que sustenta
la democracia.
En los Estados Unidos, es su
presidente que designa vitaliciamente los jueces del Tribunal Supremo de
Justicia, y todos hemos leído en la prensa cómo en su integración hay jueces a
quienes se identifican como conservadores y a otros como progresistas.
En España los jueces del Tribunal
Supremo de Justicia son seleccionados por el Consejo General del Poder Judicial
que los propone al Rey para su nombramiento. Este Consejo está integrado por el
presidente del Tribunal Supremo, doce vocales que son jueces elegidos por sus
pares y ocho vocales de reconocido prestigio escogidos por los miembros del
Congreso de los Diputados, con lo cual se produce la consiguiente influencia
política, que provoca igualmente que hasta la prensa identifique a los jueces
como conservadores o progresistas.
En Francia la selección de los
jueces de la Corte de Casación es competencia del Consejo Superior de la
Magistratura, que está integrado por el primer presidente de la Corte de
Casación, el procurador general de la Corte de Casación, seis magistrados jueces
elegidos por sus pares, un abogado elegido por el Colegio de Abogados y seis
personalidades escogidas, una por el presidente de la República, una por el
presidente de la Asamblea Nacional, una por el presidente del Senado y tres por
el ministro de Justicia. Una vez más, el marcado sesgo político de que se queja
Finjus en el país.
La enfermedad no está en la sábana,
como se dice popularmente, sino en la integridad de los que componen el órgano
constitucional encargado de seleccionar a los jueces y en la capacidad y
honestidad de los seleccionados. Dos ejemplos me bastarían para avalar esta
afirmación. Jorge Subero Isa ha sido uno de los mejores presidentes de la
Suprema Corte de Justicia, y provenía de un litoral político que no se
correspondía al de Leonel Fernández, que en esos momentos era el presidente de
la República. Por igual, Milton Ray Guevara fue un excelente presidente del
Tribunal Constitucional y pertenecía a un partido político distinto al del
expresidente Leonel Fernández.
En lo que sí estamos de acuerdo con
FINJUS es en la evaluación. Es reprochable someter a servidores judiciales que
han probado su capacidad a una evaluación que obviamente estará condicionada
por otros intereses y es en este aspecto, y no en el plano político, donde
tiene que situarse el debate. De ello hablaremos en otra entrega.
17/10/25
De cómo el populismo se cargó a Senasa
La Ley 87-01 que creó el Sistema
Dominicano de Seguridad Social dispuso en su artículo 159 el establecimiento
del llamado Seguro Nacional de Salud (Senasa), como una aseguradora pública
responsable de administrar los riesgos en salud de los empleados públicos y de
las instituciones autónomas o descentralizadas del Estado, con inclusión de sus
familiares; de todos los trabajadores del régimen contributivo subsidiado; de
los beneficiarios del régimen subsidiado y de los trabajadores privados que la
seleccionen.
Senasa, como popularmente se la
conoce, es una entidad que goza de autonomía financiera, técnica y
administrativa, y la propia Ley, en su artículo 154 dispone que debe brindar
sus servicios con respeto estricto a los principios de la seguridad social y de
la ley, con un sistema de contabilidad e información financiera y estadística
uniforme, definido por la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales.
Ahora bien, si Senasa debe ocuparse
por mandato de la ley de afiliar a los beneficiarios del régimen subsidiado,
habría que definir quiénes son estas personas. Pues bien, la propia Ley 87-01
da la respuesta. Estos beneficiarios son: los desempleados y sus familiares;
los discapacitados; y los indigentes y sus familiares.
Cuando el 16 de agosto de 2004 se
inauguró el gobierno de Leonel Fernández la pregunta que los responsables del
Sistema de Seguridad Social y del Gabinete de Política Social se hacían era la
de encontrar un método que les permitiera identificar las personas desocupadas
y las que se encontraban bajo la línea de la pobreza.
Para tales fines se creó el Sistema
Único de Beneficiarios (Siuben), hoy anulado por el actual gobierno, que con
evaluaciones y un método científico pudo identificar los hogares pobres del
país. Puesto en práctica el mecanismo, el régimen subsidiado pudo avanzar con
seguridad y confianza. De 47,112 personas con que contaba al iniciarse el
gobierno, todas concentradas en las provincias de Barahona y Bahoruco pasó a
finales de 2005 a 250,000 distribuidas en las regiones suroeste, nordeste y
este del país, y ya al finalizar el cuatrienio 2004-2008 alcanzaba la cifra de
1 millón 300 mil personas.
Todos estos recaudos establecidos
para evitar que el clientelismo político pudiera aprovecharse de un seguro de
salud tan necesario para las personas en situación de pobreza fueron
paladinamente abandonados a partir de finales del año 2021 por el presente
gobierno, y el presidente de la República no tuvo reparos en confesar que
Senasa habían incluido como beneficiarios del régimen subsidiado 2.3 millones
de personas, sin que fuera validada su condición de pobreza, por lo que muchos
estiman que casi un 80% de estos nuevos afiliados están en condiciones de
cotizar.
De ser una institución sólida,
confiable, de prestigio, con regulaciones claras y supervisiones continuas, que
atraía a afiliados del sector privado, Senasa se ha degradado, y hoy atraviesa
una grave crisis financiera y gerencial que amenaza su sostenibilidad como
resultado de una gestión administrativa deficiente, prácticas proselitistas y
actos de corrupción.
Como lo denunció en su oportunidad
la Fuerza del Pueblo, el déficit operacional acumulado de Senasa en el régimen
subsidiado alcanza hoy a 3 mil 372 millones de pesos, lo que también afecta al
régimen contributivo y a sus afiliados como a las prestadoras de servicios. Los
primeros sufren deficiencias en la prestación de servicios, con retrasos en las
autorizaciones para ser atendidos y las segundas ven retrasados sus pagos, con
riesgos de quiebra para muchas clínicas.
Según se ha conocido la morosidad
en el pago a los proveedores de salud ha crecido de manera alarmante, y ha
pasado de 0.97% en 2023 a un 44% en 2024. Este retraso afecta directamente a
las clínicas, farmacias, laboratorios y profesionales de la salud.
El descrédito de Senasa es de tal
naturaleza que dos reconocidas periodistas de investigación han denunciado un
fraude colosal con estafas de contratos millonarios por servicios que no se
prestan, doble contabilidad, atrasos inexplicables en la rendición de cuentas,
falta absoluta de supervisión y un largo etcétera que ha asombrado a la opinión
pública.
En esta misma semana técnicos
altamente calificados denunciaban que Senasa ha incurrido en un déficit de 20
mil millones de pesos como fruto de decisiones administrativas cuestionables y
falta de reservas técnicas. Se afirma que creó una doble contabilidad, una real
y otra para el público, dejó de publicar a tiempo sus estados financieros; y
aplicó programas cuestionables que drenaron los fondos públicos.
En resumen, el clientelismo
político se ha cargado a Senasa. La reelección fue prioritaria y se olvidaron
de una verdadera y diáfana política social. Hoy el ciudadano se da cuenta de
cómo fue engañado, de cómo entes como Senasa, que en el pasado estuvo siempre
al servicio del pobre corre en el presente el riesgo de desaparecer, todo por
causa de un gobierno al que no le duele la suerte de su pueblo.
19/9/25
Subsidios focalizados y
transferencias condicionadas
Cuando llegamos al Gobierno en
agosto de 2004 el Gabinete Social que el presidente Leonel Fernández había
puesto a mi cargo se dispuso a organizar un sistema de protección social con
fin de afrontar la crisis que vivía el país y que había lanzado a la pobreza 1
millón 500 mil personas de la clase media.
La tarea era mayúscula, no solo por
lo que su organización implicaba, sino por el temor que albergaban todos los
miembros del equipo, integrado por reputados profesionales de la ciencia
política, sociología y economía de que al final el Gobierno cediera a la
tentación de trillar la senda del populismo y el clientelismo político.
Los precedentes que podían
servirnos de referencia eran la negación de una verdadera política de
protección social y la población estaba acostumbrada a ellos. De toda la vida
conocíamos el famoso «dao»: dinero en efectivo, canastillas para las embarazadas,
tarjetas en cartulina para comprar gas licuado de cocinar, reparto de
electrodomésticos, planchas de zinc y un etcétera bien largo.
La protección social era otra cosa.
Su finalidad era básicamente luchar contra la pobreza y para lograr éxitos en
este propósito se necesitaba, en primer término, investigar y determinar cuáles
hogares se encontraban en situación de ser escogidos como beneficiarios del
programa; y, en segundo lugar, si bien, estos recibirían un subsidio para
mejorar su situación de vulnerabilidad seria a condición de cumplir
determinadas obligaciones.
¿Cómo cumplir con la primera tarea?
Antes que nada, el subsidio debía ser otorgado exclusivamente a los hogares
beneficiados, y estos eran los que se encontraban en pobreza (general o
extrema). Por tanto, los subsidios generalizados debían necesariamente
terminar, y fue así como se desmontó el del gas licuado para cocinar que hasta
esos momentos beneficiaba a toda la población, incluyendo hogares ricos y de
clase media alta y mediana, que obviamente lo podía pagar con sus ingresos.
Luego había que identificar cuáles
eran los hogares pobres que recibirían el subsidio y específicamente el titular
del hogar a quien se le entregaría la tarjeta correspondiente, y para hacerlo
se creo un organismo gubernamental llamado Sistema Único de Beneficiarios
(SIUBEN) a quien se confió esta tarea.
Pero la transparencia debía
acompañar al programa para que este fuera confiable y, por tal motivo, el
padrón de todos los beneficiarios fue publicado en el portal electrónico del
Gabinete Social para que pudiera ser conocido por cualquier ciudadano interesado.
Las instrucciones fueron
categóricas. Solo el SIUBEN podía escoger los beneficiarios mediante la
aplicación de un programa especialmente diseñado para ello. Desde luego, no
faltaron presiones de altos funcionarios que recomendaban allegados y
compañeros, y a todos se les explicaba cortésmente la imposibilidad de
complacerlos. Las quejas llegaron hasta el propio despacho presidencial, pero
el estadista que es Leonel Fernández se mantuvo firme en su apoyo al programa.
Una segunda condición para el éxito
del programa eran las llamadas «transferencias condicionadas». Los hogares
previamente seleccionados recibirían mes tras mes, el día fijado, sin fallar,
un subsidio económico. Para recibirlo simplemente se activaba la tarjeta de
débito que una institución bancaria del país, incluyendo bancos privados, les
había entregado por instrucciones de otro organismo del programo denominado
Administradora de Subsidios Sociales (ADESS).
Con esta tarjeta de débito los
beneficiarios podían adquirir alimentos en pequeños establecimientos
comerciales, vale decir, colmados y pulperías ubicados en los barrios donde
vivían, con lo que se evitaba que estos tuvieran que gastar en pasaje para su traslado.
Pero este subsidio recibido por los
beneficiarios mes tras mes, sin un solo fallo ni atraso, estaba sujeto a una
«transferencia condicionada», lo que significaba que se debían cumplir
determinadas obligaciones, pues de lo contrario se perdía. ¿Cuáles eran estas
obligaciones? La primera era la de inscribir a sus hijos en edad para hacerlo
en una escuela pública y lograr que su asistencia no fuera menor de un 80% en
el mes y la segunda, la de cumplir con los programas de vacunación para
infantes y niños del Ministerio de Salud Pública y, de vivir en el hogar una
joven embarazada, que esta cumpliera con los cuidados propios de su estado
ofrecidos por la red púbica de hospitales.
Estas obligaciones eran de estricto
cumplimiento, y mes tras mes los ministerios de Educación y Salud Pública
remitían al Gabinete Social un informe detallado en las manos del
vicepresidente de la República. Una sola prueba de lo afirmado.
En una ocasión el fenecido
periodista Álvaro Arvelo denunció por un programa mañanero de gran popularidad
que varias madres se quejaban porque habían sido privadas de la tarjeta
Solidaridad.
Efectivamente, así había sido, y
debí aclararle a mi amigo Alvarito que esas madres no habían inscrito a sus
hijos en el nuevo año escolar, que ya habían sido debidamente notificadas y que
se esperaba que cumplieran con su obligación para reactivarles la tarjeta.
Así funciona un programa de
protección social, comprende presidente.
5/9/2025
De la focalización a la manipulación electoral
Cuando comenzó el gobierno del
presidente Fernández en 2024, diseñamos un Sistema de Protección Social de
vanguardia. Utilizamos en forma eficiente los fondos públicos, y priorizamos la
selección de familias que, por su condición social, demandaban con urgencia la
atención del estado.
Para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas el Siuben
seleccionaba, la ADESS pagaba y el programa Solidaridad atendía. La lógica era
simple, pero muy potente. El que seleccionaba no pagaba ni atendía, el que pagaba
no seleccionaba ni atendía, y la instancia que atendía ni seleccionaba ni
pagaba. Con este trípode inédito evitamos la corrupción y el clientelismo
político.
En 2012 el costo de la tarjeta Solidaridad era de RD$12 y la puerta de entrada
a los programas sociales era el Siuben. Con el PRM las cosas han cambiado, para
mal. Hoy, el Siuben ya no selecciona, la ADESS no existe, no se emiten listados
de beneficiarios, la tarjeta Supérate no tiene nombre ni número de cédula, su
administración se privatizó, su emisión cuesta 10 dólares y RD$100 su
distribución. Se reparten bonos navideños como entradas para el circo, y se
entregan almuerzos y cenas navideñas a 93 de cada 100 dominicanos. Para el PRM,
la política social es un negocio.
El programa Supérate se dedica a la compra de votos. En solo 4 años,
transitamos de la prudencia fiscal a la piñata electoral. El clientelismo
político se consolida como legado de este gobierno.
La separación y autonomía entre las entidades encargadas de seleccionar los
beneficiarios, administrar las transferencias y atender a las familias se
diluyó. Estamos pagando el costo fiscal de un gobierno irresponsable que usa
los subsidios para comprar votos.
Nuestro gobierno asignaba recursos a las familias con mayores necesidades,
evitando su dispersión. Con el PRM los fondos públicos se destinan para
conseguir resultados electorales. Lo lograron.
En 2024, el estado asignó RD$27,170 millones al programa Aliméntate, 3.25 veces
más de los RD$8,353 millones de lo pagado en 2019. El aumento se explica,
fundamentalmente, por la inclusión de 583,854 hogares, pasando de, 802,898 a
1,386,852, entre 2019 y 2024.
Cuando los hogares en pobreza general (537,364) se comparan con los
beneficiarios de Aliméntate (1,500,000), existe un excedente de casi un millón
de familias (962,636) que por su condición socioeconómica no deberían recibir
subsidios. O faltan pobres, o sobran beneficiarios.
Esta manipulación de los padrones costó RD$13,447 millones, transferidos a
hogares no pobres. Según datos de la ENCFT, en 2024 el programa Aliméntate
entregó RD$13,668 millones al 50% de los hogares de mayores ingresos -ubicados
en los deciles 6 a 10-, violando la reglamentación del Siuben.
También abultaron los padrones de Bono Gas Hogar y Bono Luz. La ENCFT confirma
que, en 2024, el 50% de los hogares con suficientes ingresos recibieron parte
importante de los dos subsidios, principalmente, del Bono Gas Hogar. El 53.4%
de los beneficiarios pertenecían al 50% de los hogares con mayores recursos. De
los RD$7,315 millones pagados, RD$3,906 millones se entregaron a familias que
no requerían apoyo (deciles 6 a 10). Se les transfirieron RD$3,409 millones. En
el caso de Bono Luz, los traspasos fueron de RD$4,358 millones, confirmando
que, el 50.6% de los beneficiarios no requerían apoyo de los programas
sociales.
En la evaluación de impacto las “filtraciones” son episodios en los que los
beneficios de un programa se extienden a familias que, por su condición
económica no necesitan apoyo. Esta situación distorsiona los propósitos de la
política social, y genera tensiones a las arcas fiscales. En política se llama
corrupción.
La compra de votos en mayo de 2024 se vincula con el incumplimiento de las
promesas de campaña, demostrando que los partidos que no realizan lo que
prometen, son más propensos al uso de los fondos públicos para comprar
voluntades y ocultar sus fracasos.
En febrero de 2024 la Organización de Estados Americanos (OEA) denunció la
compra de votos en las elecciones municipales. Asimismo, Participación Ciudadana
constató la compra de votos en el 16% de los recintos electorales, y señaló que
el PRM compró votos y realizó proselitismo en los alrededores de los recintos
electorales en clara violación a la Ley de Régimen Electoral y de Partidos.
Debemos aprender del pasado. La historia documenta episodios aleccionadores
para la República Dominicana. Luis Felipe I de Orleans, conocido como el “Rey
Burgués”, gobernó Francia entre 1830 y 1848. Inició con apoyo popular, pero su
reinado se caracterizó por un creciente descontento social. Su gobierno
priorizó los intereses de la clase alta, dejando de lado las demandas populares
y generando desigualdad social. Su reinado simbolizó el triunfo temporal de la
burguesía, y su incapacidad para satisfacer las demandas populares. Las malas
cosechas, el desempleo y la corrupción generaron protestas populares.
Cualquier semejanza con la realidad es coincidencia. El torneo electoral del
2028 se vislumbra en el horizonte. El pueblo está despertando y se mantiene al
acecho.
8/8/2025
El rey Midas, al revés
Mientras ellos viven holgados
disfrutando de viajes al exterior, buena comida, vinos de linaje y múltiples
placeres, ven con la más absoluta indiferencia cómo la mayoría del pueblo pasa
penurias, cientos de miles de familias cuentan los “chelitos” para llegar a fin
de mes y muchos más no tienen dinero para las tres calientes.
El rey Midas es un personaje mitológico, probablemente sustraído de fuentes
asirias, en donde se habla de un rey de Frigia que gobernó entre el 700 y el
600 antes de Cristo, y que, de acuerdo con los griegos, tenía el extraño don de
convertir lo que tocaba en oro.
En la República Dominicana tenemos la versión criolla de este famoso personaje.
Después de mil seiscientos noventa días de mal gobierno, vivimos en un entorno
surrealista. Nos gobierna un partido que, tan pronto inició su mandato, olvidó
sus promesas, y quiso jugar a ser rey. El rey Midas para los amigos, y el rey
Sadim para el pueblo (Midas al revés).
En 61 meses se han revertido los avances en materia de transparencia y rendición
de cuentas, y se han destinado miles de millones de pesos exclusivamente para
hacer propaganda y comprar votos.
El pasatiempo favorito de este gobierno es el despilfarro, la privatización de
la política social y el uso de los fondos públicos para favorecer a sus amigos.
Para cada problema social, identifica un negocio. Estamos en presencia de un
gobierno rico y un pueblo pobre. Un desgobierno que gobierna para las élites.
La democracia representativa ha sido sustituida por la bonocracia exultante,
pagada con el dinero de todos. Afirman que, la pobreza extrema solo afecta a
576 mil hogares en pobreza total (extrema más moderada), y sin embargo entregan
ayuda monetaria a 1.5 millones de hogares en el programa Supérate.
Vivimos en el mundo al revés. La República Dominicana es el único país en donde
se reduce la pobreza y aumenta en forma exponencial el número de beneficiarios
de los programas sociales.
Cada año recurren a la compra de conciencias y la más reciente “Brisita
Navideña”, la convirtieron en un tsunami de corrupción, emitiendo 7 millones de
tarjetas. Cada una le costó al país 600 pesos, por lo que los beneficiados por
el rey Midas se embolsaron la pingüe cantidad de 50 millones de dólares.
Además, se pagó con nuestro dinero, RD$100 adicionales por la distribución de
las tarjetas, lo que significa otros setecientos millones de pesos. ¿Quiénes
están detrás de este gran negocio? A los amigos, buen abrigo.
Felicitan al Gobierno por reducir el hambre, y en diciembre pasado ofrecieron
10 millones de raciones de almuerzos y cenas navideñas, sin darse cuenta de que
esa cantidad serviría para alimentar al 93% de la población.
El pueblo quiere saber quiénes tienen capacidad para elaborar, empaquetar y
distribuir 10 millones de raciones de comida caliente en un día. Cuál es el
nombre de la PYME que se benefició de este regalo navideño pagado con el dinero
del pueblo. Quién es el afortunado y humilde emprendedor al que se le apareció
el rey Midas.
Para borrar las huellas de sus tropelías generaron un apagón informático.
Eliminaron el nombre y el número de cédula de los beneficiarios de la tarjeta
de débito, violentaron la reglamentación del Siuben para la selección e
inclusión de nuevos beneficiarios, y han escondido durante casi 5 años las
bases de datos que la ADESS publicaba periódicamente, con los nombres, número
de cédula, el monto recibido, el lugar y la fecha de recepción de la
transferencia. La destrucción de la institucionalidad social es consecuencia de
las decisiones del rey Sadim.
Nos enteramos de que la ADESS se fusionó con el programa Supérate y quien
maneja la billetera social mantendrá la discrecionalidad de no hacer públicas
las listas de personas beneficiadas con los subsidios sociales, las brisitas
navideñas, los almuerzos y cenas, y tampoco informará de los criterios
aplicados para incrementar el padrón de beneficiarios en más de 1.2 millones de
personas en los últimos 4 años.
Pero eso no es todo. El rey Midas lo vuelve a hacer. Como todo programa social
debe convertirse en un buen negocio, el Gobierno ya no se hará cargo de la
emisión y administración de la tarjeta Supérate. El rey decidió formar un
fideicomiso administrado por el Banco de Reservas, y crear un “modelo de
negocio” para que la empresa MIA emita y administre la tarjeta con un costo de
diez dólares por tarjeta. Esta ocurrencia del rey Sadim, le costará al pueblo,
para empezar, solo 20 millones de dólares que llegarán a la cuenta de alguno de
los humildes amigos del rey Midas.
¡Pero se equivoca! Su reino se está desquebrajando. La gente empieza a
despertar del influjo, y sus huestes no podrán evitarlo. Siendo enemigo de la
luz, no logra ver la claridad. Su ceguera será su perdición.
25/6/2025
Senado frustra la reforma a la
conciliación laboral
Apenas unas horas antes de escribir
este artículo es que me ha llegado el informe de la Comisión que en el Senado
de la República se ha encargado de examinar el proyecto de reforma al Código de
Trabajo que fue sometido al Congreso Nacional por el Poder Ejecutivo.
Es proyecto fue debatido por un período de dos años en el Consejo Consultivo de
Trabajo, órgano tripartito del Ministerio de Trabajo en el cual empresarios y
trabajadores, con la mediación del ministro de Trabajo intentaron lograr una
avenencia que tuvo como objeto esencial modernizar y actualizar la legislación
vigente.
La tarea emprendida fue ardua porque como es natural en el diálogo se exponían
dos visiones antagónicas, una, la de los trabajadores que buscaban no solo
preservar sus conquistas de 1992, sino también lograr mejorarlas, y otra, la de
los empresarios que intentaban limitar derechos y flexibilizar aquellas normas
que entendían perjudicial a sus intereses.
Al final se pudo lograr básicamente un acuerdo en el procedimiento laboral,
esto es, sobre las normas que regulan el proceso ante un tribunal de trabajo;
en cambio, en la parte sustantiva de la legislación apenas se introdujeron
ligeros cambios, como la flexibilidad de la jornada, el incremento de un día en
el período de las vacaciones después de tres años de trabajo, el aumento de la
licencia de paternidad de dos a cuatro días, una ampliación de los derechos de
la trabajadora doméstica y la introducción de un capítulo para reglamentar el
teletrabajo.
¿Por qué la naturaleza de este resultado? Pues sencillamente porque es menos
problemático coincidir en normas de procedimiento que sobre los alcances y
límites de los derechos esenciales de las partes en la relación laboral. Para
el trabajador demandante y para el empresario demandado es fácil entenderse en
cuanto a la forma y contenido de una demanda, un recurso y un embargo, pero les
resulta más complejo coincidir sobre el monto del salario, la reducción de la
jornada o el auxilio de cesantía porque en este ámbito cualquier conquista del
primero representa una carga económica para el segundo.
Pues bien, en el diálogo los empresarios expresaron su interés de que la
conciliación laboral se llevara a cabo en el Ministerio de Trabajo, pero las
organizaciones sindicales reclamaron que continuara a cargo del juez de
trabajo. Ahora bien, como ambos sectores tenían el mismo interés de resolver
los problemas que en la actualidad afectan al proceso de conciliación les fue
posible avenirse y convenir que la conciliación estuviera dirigida por un juez
conciliador diferente al juez que conociera el juicio laboral.
Pero esta reforma fue más allá de la simple creación del juez conciliador.
También sustituyó la figura de los vocales, ineficaz e inoperante en la
actualidad por la de un conciliador, uno por cada sector social, debidamente
remunerados por el Estado y obligados a obtener un certificado de experto en el
Centro de Formación de Conciliadores, Mediadores y Árbitros que organizaría el
Ministerio de Trabajo.
En el acuerdo alcanzado se proponía una conciliación efectuada en el despacho
del juez, que el empleador y el trabajador estuvieran obligados a estar
presentes, y que aquel, de ser persona jurídica se hiciera representar por un
alto ejecutivo de su empresa con poderes para conciliar, y que, en caso de
posposición de este primer intento, el segundo se efectuara en un plazo no
mayor de quince días.
Este cambio propuesto por los interlocutores sociales, a mi juicio de largo
aliento y tal vez el más importante en la reforma ha sido suprimido por la
Comisión senatorial, que en su informe elimina no solo la figura del juez
conciliador, sino también la de los conciliadores y las normas que se
sugirieron para agilizar y hacer efectiva la conciliación laboral.
El argumento de los senadores de la Comisión que examinó el proyecto, o al
menos la de su presidente, que es la que se ha dado a conocer por la prensa es
el costo que conlleva la nueva figura del juez conciliador. Conclusión obvia,
pues es evidente que la inserción en los tribunales de trabajo de un nuevo
juez, y en aquellos divididos en salas, de varios nuevos jueces, implicará una
mayor erogación para el Estado.
Pero si el Estado quería mejorar las relaciones obrero-patronales, como se
decía en el pasado, fomentar la conciliación para evitar que el litigio llegara
a la fase de juicio y auspiciar la paz social en la Nación necesitaba
inevitablemente una mayor inversión. Tal preocupación se ventiló en el diálogo
social y se tuvo la esperanza de que sería comprendido por las autoridades.
No ha sido así, y la supresión de la innovación obliga a preguntarse si no ha
tenido como causa propósitos diferentes a los argumentados, pues abolir al juez
conciliador no exigía necesariamente suprimir los conciliadores ni los cambios
propuestos en la conciliación.
11/6/2025
Nos llegó la tarde
Cuando nací la Capital apenas
sobrepasaba los 150 mil habitantes y estos se concentraban básicamente en la
vieja ciudad edificada por Nicolás de Ovando, aunque más allá de sus murallas
circundantes ya se levantaban urbanizaciones, como Ciudad Nueva, al sur del
cementerio de la hoy avenida Independencia; San Carlos, un asentamiento de
canarios de la época colonial, ubicado al norte del hoy parque Independencia;
San Lázaro, San Miguel y Villa Francisca, en el norte franco; y Gascue, en el
Oeste, donde se asentaban contadas residencias de familias acomodadas.
Ya para 1950, y especialmente con
la construcción en 1955 de la Feria de la Paz y Confraternidad del Mundo Libre,
levantada por el Tirano para festejar sus veinticinco años en el poder, el
oeste de la ciudad de Santo Domingo se expandió con numerosas urbanizaciones
que en residencias individuales alojaron hogares de clase media alta, aunque en
las cercanías de la llamada Feria comenzaron a poblarse de personas de ingresos
limitados.
Aun con este crecimiento
geográfico, Santo Domingo no alcanzaba al terminar el decenio de los 50 los 300
mil habitantes, y su pulsión y dinamismo seguían centrados en las vetustas
calles y viviendas de mampostería de la Ciudad Colonial. Dentro de sus murallas
se desarrollaba la vida diaria de la población.
Allí se ubicaban oficinas
importantes del gobierno (Rentas Internas, Cédula de Identidad, Lotería
Nacional, Correos), los principales establecimientos comerciales: tiendas de
ropa, calzados, lencerías, joyerías; cafés, bares y restaurantes; despachos de abogados
y consultorios médicos; las oficinas principales de las instituciones bancarias
(Banco de Reservas, Royal Bank, Nova Scotia); las salas de cine (Olimpia,
Rialto, Santomé, Leonor); colegios privados y escuelas públicas; líneas de
vehículos para transporte de pasajeros al interior del país; y hasta la cárcel
en la Fortaleza Ozama, cuando aún no se había construido La Victoria.
En esa ciudad viví mi infancia y
adolescencia. Era una urbe sosegada y tranquila, y me atrevería a decir que era
una ciudad pueblerina, con moradores que sincronizaban su vida diaria con los
ululares de las sirenas cotidianas del Cuerpo de Bomberos, que caminaban
parsimoniosamente hacia sus oficinas, con vecinos que se conocían, se
frecuentaban y corregían las travesuras de los pequeños. Una sociedad mojigata,
con exagerados escrúpulos morales, con prohombres que se ganaban el respeto y
la admiración de sus conciudadanos, pero también con santurrones calificados
como hipócritas en los mentideros de las beatas.
Una ciudad segura, pero la
seguridad impuesta por una tiranía implacable, que no permitía opiniones
disidentes. La vida de aquella ciudad misteriosa por sus secretos, pero a la
vez atractiva por sus encantos, transcurría en plena monotonía, sin voces que
contrariaran al régimen, con una narrativa uniforme asegurada por la prensa y
la radio al servicio del Déspota, sin que nadie osase expresar una crítica, ni
siquiera en los círculos de sus amigos. Y en un hogar de desafectos, como el
mío, la angustia de cada día por el temor de que el padre desapareciera, fuera
apresado o sufriera un aparente accidente. La zozobra permanente en la
conversación por miedo a que cualquier palabra pudiera ser mal interpretada, el
nerviosismo al escuchar la radio extranjera ante la incertidumbre de que algún
vecino pudiera denunciarlo, y el agobio por el acoso económico a que era
sometido el que no se doblegaba.
Pero si fui testigo de los crímenes
y atropellos que sufrió el país bajo la brutal tiranía, también lo fui de un
pueblo lanzado a las calles reclamando libertad. La vida me permitió conocer de
primera mano la liquidación de la tiranía, después de treinta y un años de
opresión brutal; la lucha de un pueblo en las calles por escoger sin cortapisas
su primer gobierno en libertad; el egoísmo de una oligarquía y la incomprensión
tozuda de una jerarquía eclesiástica que pusieron en jaque al primer gobierno
de la democracia; el combate aguerrido por la soberanía de una Patria
intervenida; los desgarres y sufrimientos por la consolidación de la
democracia, la consecución plena de la libertad y, finalmente, el crecimiento
económico de los últimos cincuenta años.
Hoy, la capital de la República es
una gran urbe, con una población que alcanza los cuatro millones en lo que ha
pasado a denominarse el Gran Santo Domingo, con metro para desplazarse, tapones
infernales, y una vida agitada que concentra sus actividades comerciales y
lúdicas en el polígono del noroeste. El país ya es catalogado como un país de
renta media alta, y su sociedad ha cambiado, con nuevos hábitos y costumbres,
imbricada en la globalización, con las virtudes y los vicios que depara el
mundo digital. Hemos progresado, y aunque sintamos nostalgia por el pasado, los
adelantos de hoy nos hacen más fácil y placentera la vida.
Estas reflexiones de un caminante
de larga trayectoria, a propósito de cumplir mañana, 14 de junio un nuevo año.
¿Cuántos? Solo sé que nací el año que los nazis ocuparon París. Mientras tanto,
lo celebraré con un buen trago de ron añejo en las manos y recitando el bello
poema de Mario Benedetti, cuyos primeros versos dicen: “Aquí no hay
viejos/solo, nos llegó la tarde”.
13/6/2025
La crisis haitiana y sus
implicaciones para la RD
Como resultado del encuentro
sostenido el 14 de mayo de 2025 entre el presidente Luis Abinader y los
expresidentes Leonel Fernández, Hipólito Mejía y Danilo Medina se acordó
convocar un diálogo para tratar el tema que sirve de título al presente
artículo, el cual debía realizarse en el seno del Consejo Económico y Social,
órgano consagrado expresamente por el artículo 251 de la Constitución de 2010
como una instancia de concertación para construir y fortalecer permanentemente
la paz social.
En cumplimiento de ese acuerdo el lunes de esta semana se reunió el Consejo
Económico Social con el objetivo central de generar propuestas técnicas y
políticas que sirvan de sostén al reforzamiento de la soberanía, la seguridad
nacional y la cohesión territorial frente a la crisis que en el presente afecta
al vecino país de Haití.
Para abordar la difícil problemática el Consejo Económico y Social consideró
prudente constituir seis comisiones especiales que estarán encargadas de
estudiarla desde ópticas específicas: migración, comercio bilateral, desarrollo
de comunidades fronterizas, seguridad nacional, relaciones internacionales y
asuntos laborales.
Como puede apreciarse por el solo hecho de conocer las comisiones que han sido
creadas, se está ante un problema complejo que exige ser examinado desde
vertientes diferentes. Para comenzar, el migratorio, que dado el colapso del
gobierno haitiano se ha traducido en un fenómeno creciente y permanente que
compromete seriamente los servicios públicos esenciales, y muy principalmente
las áreas concernientes a la educación y a la salud; a seguidas, el
concerniente al comercio bilateral, pues en las medidas de control que
necesariamente deben ser aplicadas surge la necesidad de preservar el
intercambio comercial de larga data entre productores y consumidores de ambos
lados de la frontera; y este último escenario conduce a la necesidad
impostergable de fortalecer y desarrollar las comunidades fronterizas,
generalmente afectadas por una pobreza severa y con tendencia a la
despoblación, con baja cobertura de servicios básicos y altos niveles de
vulnerabilidad.
La seguridad nacional no puede soslayarse porque Haití ha pasado a ser
controlado por bandas criminales que siembran el terror entre sus ciudadanos y
que generan un peligro para el país, especialmente por el tráfico de armas a
través de la frontera; pero, concomitantemente con este tema debe
necesariamente abordarse el de las relaciones internacionales, pues el colapso
de Haití, que amenaza no solo a la República Dominicana, sino también a la
región debe necesariamente ser abordado por la comunidad internacional, y ante
ella deberá insistirse para lograr compromisos concretos y los recursos
necesarios para impulsar la estabilización del vecino país; y, finalmente, el
espinoso y acuciante tema de la mano de obra haitiana, de los trabajadores
migrantes, tanto en el sector formal como en el informal de la economía, y que
durante largos años ha sido un factor de encono nacional, pero también de causa
de denuncias a nivel de organismos internacionales comprometidos con el trabajo
digno y los derechos humanos.
Según la Encuesta Nacional de Inmigrantes la población de estos y sus
descendientes en el país ascendía en 2017 a 847,979 personas, de las cuales
422,036, o sea, el 49.76% se encontraban ocupadas laboralmente, datos que son
refutados por una parte de nuestros ciudadanos que estiman que son cifras que
no se ajustan a la realidad, por ser mucho mayor el número de inmigrantes en
los actuales momentos.
Lo que nadie puede negar es que la presencia de trabajadores migrantes de
nacionalidad haitiana en la agricultura y ganadería es ostensiblemente visible.
Están en la siembra y recolección del banano, del arroz, del café y del cacao,
pero también en el corte de la caña, los ya tradicionales braceros que desde
larga data han poblado nuestros bateyes y que sus condiciones de trabajo han
originado advertencias y condenas de organismos internacionales.
Los llamados trabajos gruesos de la construcción hoy están en manos de los trabajadores
haitianos, pero también están presentes, aunque en menor medida en el sector
turístico, en la consejería de los lujosos condominios, y hasta en las
compañías de seguridad privada.
¿Qué hacer? Esa es la respuesta que se espera del Consejo Económico y Social,
que tendrá necesariamente que escuchar las quejas de los sectores productivos
que reclaman la necesidad de esa mano de obra; pero también oír el reclamo de
aquellos sectores que advierten que los dominicanos trabajarían en esas áreas
si se les pagara mejores salarios y si se emprendiera un plan de mecanización
con respaldo del gobierno en aquellas actividades que lo permitan.
De todos modos, es oportuno advertir, y ya lo he escrito en artículos
anteriores de esta columna, que no habrá plan ni medida que resulte, si no hay
voluntad política de combatir el lucrativo negocio del tráfico de personas en
la frontera. Solo combatiendo a la mafia que comercia con el hambre y la
miseria de seres humanos se podrá dar un respuesta eficaz y respetuosa de los
derechos humanos a esta grave situación.
27/5/2025
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